Cuando un niño abre una aplicación por primera vez, empieza a dejar un rastro de datos que nunca pidió dejar. Su edad aproximada, sus gustos, su ritmo de vida, sus miedos, sus ambiciones. Todo eso queda registrado mucho antes de que ese niño entienda qué significa la palabra «privacidad». La cuestión de los datos de menores y su privacidad no es nueva, pero sí es urgente, y la mayoría de las familias ni siquiera sabe que está en medio de una guerra que lleva décadas librándose en silencio.
Un negocio construido sobre perfiles que aún no saben leer
La industria tecnológica no necesita que los niños sean usuarios activos para sacar partido de ellos. Les basta con observarlos. Cada vez que un menor usa una aplicación, el sistema aprende a predecir comportamientos: qué tipo de contenido lo engancha, cuánto tiempo aguanta antes de aburrirse, a qué hora del día está más receptivo.
Esos patrones tienen un valor enorme. No solo para venderle cosas ahora, sino para construir un perfil que se irá refinando durante años. Un perfil que, llegada la adolescencia, ya conoce sus puntos débiles mejor que sus propios padres.
No es una exageración. Es el modelo de negocio. Y funciona porque la mayoría de los servicios digitales son gratuitos a cambio de ese acceso. La pregunta que raramente nos hacemos es si ese intercambio es justo cuando una de las partes no tiene ni capacidad jurídica ni madurez cognitiva para consentirlo.
Ya hemos visto cómo esto ocurre a escala con los adultos. Lo que Google sabe de nosotros sin que se lo hayamos contado resulta perturbador cuando hablamos de personas adultas. Aplicado a menores, la dimensión ética cambia por completo.
¿Qué datos se recogen exactamente?
La respuesta corta es: más de lo que imaginas. La respuesta larga incluye geolocalización, historial de búsqueda, patrones de sueño inferidos por el uso del dispositivo, interacciones sociales, preferencias de consumo, reacciones emocionales ante determinados contenidos e incluso datos biométricos en algunas plataformas.
Las aplicaciones educativas, ese territorio que los padres consideran «seguro», no son la excepción. Un informe de la Electronic Frontier Foundation analizó decenas de apps diseñadas para el aprendizaje y encontró que muchas compartían datos con terceros sin que los usuarios ni los centros educativos lo supieran.
Luego están los datos que los propios padres generan sobre sus hijos. Las fotos que se suben a redes sociales antes de que el niño sepa hablar. Las menciones en publicaciones públicas. El llamado sharenting —compartir contenido de los hijos en redes— ya ha creado perfiles digitales de millones de niños que nunca dieron su consentimiento. La huella digital de muchos menores empieza antes de nacer, con la ecografía que alguien publica en Instagram.
Todo esto conecta directamente con algo más amplio: cómo y cuándo desapareció el anonimato en internet, un proceso que afecta a toda la sociedad pero que golpea de forma especialmente brutal a quienes no tuvieron ninguna participación en él.
Las leyes existen. El problema es hacerlas cumplir
El marco legal en este ámbito es más sólido de lo que muchos creen. En Estados Unidos, la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) lleva en vigor desde 1998 y prohíbe la recogida de datos de menores de 13 años sin consentimiento parental verificable. En Europa, el RGPD establece protecciones similares y algunos países miembros han ido más lejos, como Reino Unido con su Age Appropriate Design Code.
Pero hay un abismo entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica. Las plataformas piden que el usuario declare ser mayor de edad. Y el usuario, o más bien el menor de doce años con acceso al móvil de sus padres, marca la casilla y sigue adelante. El sistema de verificación es, en la mayoría de los casos, un formulario con una fecha de nacimiento falsa.
Las multas existen. TikTok pagó 5,7 millones de dólares en 2019 por violar la COPPA. YouTube acordó 170 millones en 2019 por el mismo motivo. Son cifras que suenan enormes hasta que las comparas con los ingresos de esas compañías. Para una empresa que genera miles de millones al año, una multa de esa magnitud no es un castigo: es el coste de hacer negocios.
El resultado es un sistema donde la infracción resulta más rentable que el cumplimiento, y donde los reguladores siempre llegan tarde, persiguiendo prácticas que ya han evolucionado hacia formas nuevas y más difíciles de detectar.
El diseño que atrapa a propósito
Aquí es donde la conversación sobre datos de menores y privacidad se complica de verdad. Porque no se trata solo de qué datos se recogen, sino de cómo se diseñan los entornos digitales para que los menores pasen en ellos el máximo tiempo posible.
Las técnicas son conocidas: notificaciones que crean urgencia, sistemas de recompensa variable (como las cajas de botín en los videojuegos), contenido infinitamente desplazable, indicadores sociales que generan ansiedad de validación. Todo está calibrado para explotar vulnerabilidades psicológicas que en los adultos ya son potentes y en los cerebros en desarrollo resultan devastadoras.
Exoficiales de Facebook, Twitter y otras plataformas han declarado públicamente que estos sistemas fueron diseñados de forma deliberada para maximizar el tiempo de pantalla. Algunos han usado explícitamente la palabra «adicción». No como metáfora, sino como objetivo de ingeniería.
Esta realidad tiene mucho que ver con por qué los adolescentes terminan confiando sus problemas a una IA antes que a una persona de carne y hueso: los entornos digitales están diseñados para ser más cómodos, más accesibles y menos amenazantes que las relaciones humanas reales.
Los padres en medio del campo de batalla
Se habla mucho de la responsabilidad de los progenitores. Y es real, pero tiene límites claros. Un padre puede establecer controles parentales, limitar el tiempo de pantalla, revisar qué aplicaciones usa su hijo. Lo que no puede hacer es auditar el código fuente de cada app, leer los términos y condiciones de cincuenta servicios o detectar si una plataforma está compartiendo datos con terceros que él nunca conocerá.
Pedir a los padres que protejan solos a sus hijos del ecosistema digital es como pedirles que los protejan de la contaminación atmosférica eligiendo bien dónde respiran. La solución tiene que ser estructural, no individual.
Además, los propios adultos son parte del problema sin saberlo. El sharenting ya mencionado. Las aplicaciones de seguimiento que instalan «por seguridad» y que también recopilan datos. Los dispositivos domésticos con micrófono activo en habitaciones donde juegan los niños.
Este problema se parece mucho a la concentración de poder en internet: unas pocas empresas toman decisiones que afectan a millones de personas, y esas personas tienen muy poco margen real para decidir al margen de esas estructuras.
La zona gris: teorías, hipótesis y lo que no podemos saber
Conviene ser claros aquí: algunas afirmaciones que circulan sobre la vigilancia de menores son documentadas y verificables. Otras son especulaciones que merecen ser tratadas como tales.
Lo documentado: empresas tecnológicas recopilan datos de menores a gran escala, a veces en violación de la ley, y los usan para construir perfiles comerciales. Esto ha sido probado en juicios, demostrado por investigadores y admitido por las propias compañías en algunos casos.
Lo hipotético: hay teorías que van más lejos y plantean que esos datos se usan para influir en las opiniones políticas de los jóvenes desde la infancia, o que existen acuerdos secretos entre gobiernos y plataformas para acceder a esos perfiles. No hay evidencia pública sólida de estas afirmaciones, aunque la opacidad del sector hace que sea imposible descartarlas por completo.
Lo que sí podemos afirmar es que la acumulación masiva de datos sobre personas que no pueden consentir crea condiciones ideales para usos abusivos, tanto ahora como en el futuro. Y que confiar en la buena fe de empresas cuyo modelo de negocio depende de ese abuso no parece la estrategia más prudente.
En este contexto, vale la pena recordar que cuando los algoritmos deciden qué existe y qué no, los menores que crecen dentro de esos sistemas absorben una versión de la realidad que ha sido filtrada sin que ellos lo sepan, y sin que sus padres puedan hacer gran cosa al respecto.
¿Y los propios niños? Lo que nadie les pregunta
Hay un actor al que rara vez se escucha en este debate: los propios menores. La conversación sobre privacidad digital infantil suele ocurrir entre adultos, reguladores, empresas y activistas, mientras los verdaderos afectados permanecen al margen.
Algunos estudios han empezado a explorar qué piensan los adolescentes sobre su propia privacidad. Los resultados son más sofisticados de lo que el estereotipo sugiere: muchos jóvenes son más conscientes de la vigilancia digital que sus padres, y toman decisiones activas para gestionarla, como usar cuentas anónimas, compartimentar su identidad entre plataformas o aplicar configuraciones de privacidad que los adultos nunca tocan.
La brecha no siempre está donde creemos. A veces son los hijos quienes tienen más clara la mecánica del sistema, aunque carezcan del poder y los recursos para cambiarlo.
Esto conecta con algo que ya exploramos al hablar de la identidad digital y quién eres sin un Estado que te respalde: los menores están construyendo identidades en espacios donde las reglas las ponen actores privados, sin apenas marcos legales adaptados a su realidad y sin herramientas reales para ejercer sus derechos.
¿Qué pasará cuando esos niños sean adultos?
Ahí está la pregunta que debería quitarnos el sueño. Los niños que hoy tienen diez años habrán acumulado, para cuando lleguen a la treintena, dos décadas de datos continuos. Datos de su infancia, su adolescencia, sus primeras relaciones, sus fracasos escolares, sus búsquedas de madrugada, sus conversaciones con asistentes de IA.
Ninguna generación anterior ha llegado a la edad adulta con ese equipaje. No sabemos cómo afectará a su autonomía, a su capacidad de reinventarse, a su libertad real para ser alguien distinto de quien fueron a los doce años. Lo que sí sabemos es que esos datos existen, que están en manos de empresas privadas, y que las leyes actuales no garantizan que desaparezcan ni que no se usen en su contra.
La pregunta no es si esto importa. La pregunta es si vamos a seguir mirando hacia otro lado mientras se construye, en tiempo real, el perfil más detallado de una generación entera, sin su permiso, sin su conocimiento y sin ningún plan claro para protegerla.
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué edad pueden las plataformas recopilar datos de menores?
En la Unión Europea, el RGPD fija los 16 años como edad mínima para que un menor pueda dar consentimiento digital por sí mismo, aunque los países miembros pueden bajarla hasta los 13. En Estados Unidos, la COPPA prohíbe la recogida de datos sin consentimiento parental para menores de 13 años. En la práctica, muchas plataformas evitan estos límites con sistemas de verificación de edad fácilmente eludibles.
¿Es legal que las aplicaciones educativas compartan datos de alumnos con terceros?
En la mayoría de los casos, no debería serlo, pero ocurre con frecuencia. La ley exige que los datos de menores usados en contextos educativos estén protegidos y no se cedan con fines comerciales. Sin embargo, los términos de uso de muchas apps incluyen cláusulas que los centros firman sin leer, y la supervisión real sobre lo que ocurre después es prácticamente inexistente.
¿El sharenting es un riesgo real para la privacidad de los niños?
Sí, y más de lo que suele reconocerse. Las fotos e información que los padres publican sobre sus hijos contribuyen a construir un perfil digital que el menor nunca autorizó. Algunos estudios estiman que un niño promedio tiene miles de imágenes suyas en internet antes de cumplir cinco años. Eso tiene implicaciones tanto para su privacidad presente como para su autonomía futura.
¿Pueden los menores ejercer su derecho al olvido y borrar sus datos?
Técnicamente, el derecho al olvido existe en la legislación europea y permite solicitar la eliminación de datos personales. En la práctica, ejercerlo es complicado: requiere identificar qué empresas tienen datos, hacer solicitudes individuales a cada una y confiar en que cumplirán. Además, los datos ya cedidos a terceros son muy difíciles de rastrear y eliminar de forma efectiva.
¿Hay evidencia de que las plataformas diseñan sus apps para crear adicción en menores?
Hay declaraciones públicas de exdirectivos de varias plataformas que apuntan en esa dirección, así como investigaciones académicas sobre el diseño persuasivo de estas aplicaciones. Lo que no existe aún es una condena judicial firme por este concepto específico aplicado a menores. Es un área en la que la evidencia es sólida en cuanto al diseño, pero todavía se está construyendo en cuanto a las consecuencias legales.
¿Qué puedo hacer como padre o madre para proteger los datos de mis hijos?
Las medidas individuales ayudan pero tienen un alcance limitado: revisar los permisos de las apps, evitar publicar información identificable sobre tus hijos en redes, usar configuraciones de privacidad estrictas y hablar con ellos sobre cómo funciona el sistema. La protección real, sin embargo, requiere regulación efectiva que no dependa de que cada familia lo gestione por su cuenta.
