El regreso del dinero en efectivo: por que algunos paises dan marcha atras

El efectivo está volviendo, y no por nostalgia. Varios países europeos han aprobado en los últimos años leyes que obligan a los comercios a aceptar dinero físico, y el debate sobre si el regreso del efectivo es una corrección necesaria o una reacción tardía se ha instalado en los parlamentos de media Europa. Suecia, uno de los países que más lejos llegó en la eliminación del dinero en metálico, rectificó su rumbo a partir de 2020. Noruega reforzó su legislación en 2022. Y en España, la Ley de Medidas de Prevención del Fraude de 2021 ya limita los pagos en efectivo entre empresarios, pero en paralelo crece la presión para garantizar que nadie quede excluido del sistema financiero por no tener tarjeta.

Lo que parecía una marcha inevitable hacia una economía sin billetes ha topado con algo que los modelos de negocio de las fintech no habían calculado bien: la gente real, en situaciones reales, necesita opciones. Y cuando desaparecen, pasa factura.

¿Por qué Suecia dio marcha atrás en el dinero sin efectivo?

Suecia fue durante años el laboratorio del mundo para la sociedad cashless. El uso de billetes y monedas cayó hasta representar menos del 10% de las transacciones en 2018, según el banco central sueco, el Riksbank. Las iglesias pedían donaciones por Swish, la app de pagos móviles. Los mendigos llevaban terminales de tarjeta. Era el ejemplo que citaban todas las presentaciones corporativas sobre el futuro del dinero.

Pero en 2020, el Riksbank publicó un informe que encendió las alarmas: casi 1,3 millones de suecos tenían dificultades para manejar los pagos digitales. Personas mayores, personas con ciertas discapacidades, migrantes recién llegados sin cuenta bancaria establecida, habitantes de zonas rurales con mala cobertura. El sistema se había optimizado para un perfil de usuario que no era el único que existía.

El Riksbank empezó a exigir a los bancos que mantuvieran acceso al efectivo en un número mínimo de municipios. En 2023, el parlamento sueco aprobó legislación adicional para que los grandes bancos garantizaran cajeros automáticos y servicios de depósito en efectivo en todo el territorio. El argumento no era solo de inclusión social, sino también de resiliencia ante ciberataques o fallos del sistema. Si toda la economía depende de infraestructura digital, un ataque coordinado puede paralizar el país. Algo que, como se ha visto en incidentes recientes, no es una hipótesis remota.

Noruega siguió un camino parecido. El banco central noruego, Norges Bank, publicó en 2022 un análisis que concluía que el efectivo debía mantenerse como respaldo del sistema de pagos, no como reliquia, sino como seguro. La analogía que usaron sus técnicos era directa: igual que los hospitales tienen generadores diésel aunque la electricidad rara vez falle, una economía sana necesita un sistema de pago que funcione sin internet.

¿Cuál es el verdadero coste de eliminar el dinero físico?

Eliminar el efectivo tiene costes concretos que no siempre aparecen en los titulares sobre la modernización financiera. El más visible es la exclusión: según el Banco Mundial, en 2021 unos 1.400 millones de personas en el mundo seguían sin cuenta bancaria. En los países ricos ese porcentaje es mucho menor, pero la cifra absoluta de excluidos no es despreciable. En Estados Unidos, la Reserva Federal calculó en 2022 que alrededor del 4,5% de los hogares no tenía cuenta bancaria, y otro 14,1% estaba «infrabancarizado», es decir, tenía cuenta pero dependía de servicios financieros alternativos como casas de empeño o prestamistas de corto plazo.

Hay otro coste menos discutido: la privacidad. Cada transacción digital deja rastro. Quién compró qué, dónde y cuándo queda registrado en bases de datos de bancos, procesadores de pago y, en función del país, en manos del Estado. El efectivo, en cambio, es anónimo por naturaleza. Eso lo hace atractivo para actividades ilegales, sí, pero también para cualquier persona que prefiera que su vida financiera no sea un registro permanente consultable.

La cuestión de la vigilancia financiera conecta con debates más amplios sobre quién controla los datos de los ciudadanos, algo que ya se ha visto reflejado en el debate sobre los nuevos métodos de identificación en pagos y cómo cada innovación añade una capa más de trazabilidad sobre el comportamiento económico cotidiano.

También hay un coste sistémico: la dependencia de infraestructura privada para una función pública básica. Los pagos digitales en Europa pasan en su mayoría por Visa y Mastercard, dos empresas estadounidenses. En algunos países asiáticos, por WeChat Pay o Alipay, controladas por grupos chinos. Si un gobierno elimina el efectivo, entrega el control de su sistema de pagos a actores privados o extranjeros. Esto, que antes sonaba a preocupación académica, se ha convertido en un argumento de soberanía que escuchan ahora los ministerios de Economía.

¿Qué países están legislando para proteger el dinero en efectivo?

La tendencia legislativa en defensa del efectivo ha cogido impulso en Europa desde 2020. Alemania, que ya tenía una cultura de pago en metálico mucho más arraigada que sus vecinos, blindó en 2021 el derecho a pagar en efectivo en el comercio minorista. Austria incluyó en su constitución en 2023 el derecho a usar dinero físico, convirtiéndose en uno de los primeros países en darle rango constitucional.

Francia aprobó en 2022 una normativa que obliga a los comercios a aceptar efectivo salvo excepciones muy tasadas. Italia, históricamente uno de los países con más transacciones en metálico de la eurozona, elevó el límite de pagos en efectivo permitidos de 1.000 a 5.000 euros en 2023, en una decisión del gobierno de Giorgia Meloni que generó controversia por el potencial de facilitar el fraude fiscal, pero que apuntaba a no criminalizar a quienes prefieren el billete.

En España, el Banco de España publicó en 2023 un informe sobre inclusión financiera que señalaba la reducción de cajeros automáticos en municipios pequeños como un problema creciente. Entre 2008 y 2022, España perdió más de la mitad de sus sucursales bancarias, y muchos pueblos de menos de 5.000 habitantes se han quedado sin acceso físico a su dinero. La respuesta del sector ha sido desigual: algunos bancos han lanzado oficinas móviles o acuerdos con Correos para operaciones básicas, pero el parche no tapa el agujero.

Todo esto ocurre mientras la infraestructura tecnológica que sustenta los pagos digitales sigue siendo vulnerable. Los grandes ciberataques a infraestructuras financieras han demostrado que confiar el cien por cien de las transacciones a sistemas conectados tiene riesgos que no se resuelven solo con mejores contraseñas.

¿El euro digital sustituirá al efectivo o lo complementará?

El Banco Central Europeo lleva desde 2021 trabajando en el euro digital, una moneda de banco central en formato electrónico que podría estar disponible para el público en algún momento de esta década. La propuesta oficial dice que el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que lo complementará. Pero la desconfianza es notable.

Las críticas vienen de varios frentes. Desde la derecha europea, hay quienes ven en el euro digital un instrumento de control estatal: si el banco central puede emitir dinero digital directamente a los ciudadanos, también podría, en teoría, programar restricciones de uso, fechas de caducidad o condicionantes de gasto. El BCE ha descartado explícitamente esas funcionalidades, pero el debate sobre si un dinero programable es todavía dinero en el sentido tradicional no está cerrado.

Desde la izquierda, la preocupación es diferente: que el euro digital, al pasar por la infraestructura del BCE, centralice aún más la información financiera de los ciudadanos europeos y sirva como herramienta de vigilancia económica con la coartada de la modernización.

Lo que sí parece documentado es que la propuesta del euro digital ha acelerado el debate sobre qué papel debe jugar el dinero físico como contrapeso. Si existiera un euro digital, el efectivo ya no sería solo una preferencia de algunos consumidores: sería la única forma de pago que garantiza anonimato y funciona sin electricidad ni red. Su valor político y práctico aumentaría, no disminuiría.

La misma lógica de tener alternativas que no dependan de infraestructuras frágiles aparece en otros ámbitos tecnológicos. La discusión sobre la red 6G y su despliegue desigual muestra que apostar todo a una sola tecnología antes de que esté madura para todos tiene consecuencias que se pagan después, y habitualmente las pagan primero los más vulnerables.

¿Quién se beneficia de que desaparezca el efectivo?

La respuesta corta: las empresas de procesamiento de pagos. Visa ingresó en su ejercicio fiscal 2023 más de 32.600 millones de dólares. Mastercard superó los 25.000 millones. Cada transacción que sustituye a un billete genera una comisión que antes no existía. El modelo de negocio de estas compañías depende de que el efectivo desaparezca, y han invertido durante años en construir el relato de que la sociedad sin cash es más moderna, más segura y más conveniente.

Eso no significa que lo digital no tenga ventajas reales. Las tiene. El efectivo se pierde, se roba, cuesta almacenar y transportar. Las transacciones digitales son rastreables cuando hay fraude. Pero conveniencia para el usuario y conveniencia para el procesador de pagos no son la misma cosa, y confundirlas ha costado caro en decisiones de política pública.

Los bancos también tienen interés en la eliminación del efectivo: mantener billetes y monedas en circulación cuesta dinero. Cajeros automáticos, personal de caja, transporte blindado, seguros. Cada vez que un cliente paga con tarjeta en lugar de sacar dinero del cajero, el banco ahorra costes operativos. La narrativa de la modernización y el interés económico apuntan en la misma dirección, lo que debería invitar a leer los titulares sobre «el fin del efectivo» con algo más de escepticismo.

Hay una dimensión geopolítica que tampoco conviene ignorar. La dependencia de infraestructuras controladas por actores externos es un debate que aparece en telecomunicaciones, en satélites y también en pagos. Un país que elimina el efectivo y cuya economía depende de redes de pago privadas opera con una soberanía financiera incompleta.

¿Llegará el regreso del efectivo a tiempo, o ya hemos cruzado una línea que no vuelve?

Los países que legislan para proteger el dinero físico van contracorriente de una tendencia tecnológica que lleva quince años acumulando inercia. Suecia puede obligar a los bancos a mantener cajeros, pero no puede obligar a un bar de Estocolmo a tener efectivo en caja si sus clientes llevan años sin llevar monedas en el bolsillo. La cultura y la infraestructura se retroalimentan: cuando la gente deja de usar billetes, los comercios dejan de tenerlos; cuando los comercios no los aceptan, la gente deja de llevarlos.

El regreso del efectivo, allí donde está ocurriendo, parece más una corrección de rumbo que una vuelta atrás completa. Nadie propone seriamente eliminar los pagos digitales. Lo que se discute es si tiene sentido dejar que el efectivo muera por abandono sin haber decidido colectivamente que eso es lo que queremos. Esa decisión, en la mayoría de los países, nunca se sometió a debate público. Ocurrió por acumulación de pequeñas decisiones empresariales y de infraestructura que nadie votó.

La pregunta que queda en el aire es si la ola de legislación protectora llegará antes de que la infraestructura del efectivo, los cajeros, los servicios de transporte de valores, la costumbre social de llevar billetes, se deteriore hasta un punto de no retorno. Y si ya hemos cruzado ese umbral en algunos sitios sin habernos dado cuenta.

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