La tecnología lleva años redefiniendo cómo se organizan, se comunican y se ganan las elecciones. Y la respuesta incómoda es que, según quién la use y con qué fines, puede tanto fortalecer la participación ciudadana como convertirse en una máquina de distorsión de la realidad. No son escenarios futuros: ya han ocurrido, con nombres y fechas.
El debate sobre tecnología, elecciones y democracia no arranca en Silicon Valley ni en ningún laboratorio de inteligencia artificial. Arranca en los datos de millones de personas que, sin saberlo, fueron clasificadas, perfiladas y convertidas en objetivo de mensajes diseñados para activar sus miedos o reforzar sus sesgas. El caso de Cambridge Analytica en 2016, con la campaña de Donald Trump y el referéndum del Brexit como escenario, fue el primero que lo puso en mayúsculas delante de la opinión pública.
Desde entonces, la pregunta no ha desaparecido. Ha crecido.
¿Qué herramientas tecnológicas se usan realmente en las campañas electorales?
Las campañas electorales modernas usan tecnología en casi cada decisión que toman, desde cómo segmentan a los votantes hasta qué mensaje ven en qué momento del día. El microtargeting, que consiste en cruzar datos personales con modelos predictivos para enviar mensajes ultrapersonalizados, lleva más de una década siendo práctica habitual en Estados Unidos y se ha extendido a Europa y América Latina.
La campaña de Barack Obama en 2012 fue pionera en usar análisis de datos a escala masiva para identificar votantes indecisos y optimizar los recursos de movilización. Era, en aquel momento, algo que se celebraba como una forma de hacer la política más eficiente. Lo que nadie terminaba de calcular era qué pasaría cuando esas mismas técnicas se usaran con datos obtenidos sin consentimiento y con el objetivo de dividir, no de convencer.
Hoy los partidos usan herramientas de predicción algorítmica que analizan comportamiento en redes sociales, historial de consumo, geolocalización e incluso patrones de voto anteriores. En algunos países, estos datos se compran legalmente a brokers de información. En otros, se obtienen mediante aplicaciones o encuestas aparentemente inocuas.
Los chatbots políticos también han entrado en el escenario. Durante las elecciones presidenciales de Brasil en 2022, se documentó el uso masivo de grupos de WhatsApp coordinados para difundir mensajes políticos de forma automatizada, en muchos casos con información falsa. Meta, que gestiona WhatsApp, admitió haber eliminado redes de cuentas coordinadas inorgánicamente, aunque la magnitud real del problema sigue sin cuantificarse del todo.
¿Pueden los deepfakes y la IA generativa cambiar el resultado de unas elecciones?
Los deepfakes electorales ya han aparecido en campañas reales, aunque por ahora no hay evidencia sólida de que hayan cambiado el resultado de ninguna votación. Lo que sí está documentado es su potencial para crear confusión en momentos críticos, especialmente en las horas previas a la jornada electoral, cuando la capacidad de respuesta y verificación es más limitada.
En Eslovaquia, días antes de las elecciones de septiembre de 2023, circuló un audio fabricado con IA en el que supuestamente el candidato Michal Šimečka hablaba de amañar los comicios. La grabación era falsa, pero se difundió en un momento en que los verificadores de hechos tenían muy poco tiempo para actuar. Šimečka perdió las elecciones. Si el audio influyó o no en el resultado es algo que nadie puede afirmar con certeza, pero el episodio ilustra con precisión cuál es el riesgo real.
La IA generativa también permite producir volúmenes masivos de contenido político a bajo coste. Un solo operador puede generar miles de artículos, comentarios o perfiles de redes sociales en cuestión de horas. OpenAI publicó en 2024 un informe en el que reconocía haber detectado y bloqueado operaciones que usaban ChatGPT para crear contenido político de forma encubierta, procedentes de Rusia, China, Irán e Israel, entre otros países.
Esto conecta directamente con el problema de la identidad digital en un entorno donde ya no resulta sencillo distinguir quién es real y quién es una construcción automatizada.
¿La tecnología también puede defender la democracia?
La tecnología tiene usos que refuerzan los procesos democráticos, y no todos los avances apuntan en la dirección del abuso. La transparencia, la verificación de datos y la participación ciudadana también se han beneficiado de herramientas digitales en los últimos años.
Los sistemas de voto electrónico siguen siendo polémicos desde el punto de vista de la seguridad, pero la tecnología blockchain ha abierto conversaciones serias sobre cómo garantizar registros electorales auditables y resistentes a la manipulación. Estonia lleva desde 2005 usando el voto por internet en sus elecciones nacionales, con una tasa de participación digital que en 2023 superó el 51% del total de votos emitidos. Es el caso más longevo y documentado del mundo, aunque los expertos en ciberseguridad siguen debatiendo sus vulnerabilidades.
Las plataformas de fact-checking también han crecido durante los últimos ciclos electorales. Organizaciones como Maldita.es en España o Lupa en Brasil monitorean en tiempo real las informaciones que circulan durante las campañas. El problema es de escala: la desinformación se replica más rápido de lo que cualquier equipo humano puede desmentirla.
Aquí es donde la IA también puede jugar un papel diferente. Herramientas de detección automática de contenido manipulado, desarrolladas por universidades y organizaciones como el MIT Media Lab, llevan años perfeccionándose. Su eficacia en condiciones reales, fuera del laboratorio, sigue siendo desigual.
Todo esto conecta con un patrón más amplio que la brecha digital ya no es de acceso sino de capacidad para interpretar y filtrar lo que se recibe. Quien no sabe distinguir un contenido manipulado de uno legítimo es mucho más vulnerable a cualquier operación de influencia.
¿Qué papel tienen las redes sociales en las elecciones y quién las regula?
Las redes sociales son el campo de batalla principal de cualquier campaña electoral moderna, y su regulación sigue siendo fragmentada, tardía e insuficiente en casi todos los países. Meta, X (antes Twitter) y TikTok tienen políticas de publicidad política que varían según el país y que se actualizan de forma irregular, muchas veces en respuesta a escándalos concretos más que a una estrategia coherente.
X eliminó en 2023 su programa de etiquetado de cuentas vinculadas a medios estatales, una herramienta que permitía identificar propaganda gubernamental. La decisión llegó meses después de que Elon Musk adquiriera la plataforma. Sin ese etiquetado, cuentas vinculadas a gobiernos autoritarios pueden operar sin ninguna marca visible que advierta al usuario de su naturaleza.
TikTok ha sido señalada repetidamente por investigadores de la Universidad de Stanford y del Observatorio de Internet de Oxford como una plataforma con opacidad significativa en su moderación de contenido político. El algoritmo de recomendación de TikTok, que no ha sido auditado de forma independiente, puede amplificar o suprimir contenido político sin que nadie fuera de la empresa sepa exactamente cómo.
En Europa, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) obliga desde 2024 a las plataformas más grandes a ser más transparentes sobre cómo funcionan sus sistemas de recomendación y a permitir auditorías externas. Es el marco regulatorio más ambicioso hasta la fecha, aunque su aplicación efectiva aún está en proceso.
El papel de los algoritmos en la política también es inseparable de cómo la pantalla ha cambiado la forma en que procesamos lo que vemos. Un contenido que genera indignación se comparte más, independientemente de si es verdad. Los algoritmos optimizados para el engagement lo saben y actúan en consecuencia.
La publicidad política digital también plantea un problema de transparencia que los formatos tradicionales no tienen. Un anuncio en televisión tiene que identificar quién lo financia. Un anuncio en redes sociales puede estar impulsado por un PAC (comité de acción política) con un nombre genérico, financiado a su vez por entidades difíciles de rastrear. El consumo digital ha cambiado las reglas del juego de la rendición de cuentas, y la regulación todavía corre detrás.
¿Qué pasa cuando los votantes ya no saben qué es real y qué no?
Hay un riesgo que va más allá de cualquier deepfake concreto o de cualquier campaña de desinformación puntual, y es la erosión generalizada de la confianza en la información. Cuando la gente no puede distinguir lo real de lo fabricado, tiende a desconfiar de todo, incluido lo verdadero. Eso también es un resultado útil para quienes quieren debilitar las instituciones democráticas.
Los investigadores de la Universidad de Yale llaman a este fenómeno “escepticismo epistémico inducido”: no hace falta convencer a nadie de una mentira concreta si consigues que deje de creer en cualquier verdad. La desinformación, en este sentido, no busca siempre persuadir, sino desorientar.
Esto tiene implicaciones directas en la participación electoral. Varios estudios publicados entre 2020 y 2023, entre ellos uno del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, apuntan a que la exposición prolongada a desinformación política reduce la intención de voto, especialmente entre votantes jóvenes. La abstención también puede ser el objetivo.
La alfabetización mediática y digital es, en este contexto, una herramienta política en el sentido más literal. Finlandia lleva años incluyendo en su currículo escolar ejercicios específicos de verificación de fuentes y detección de manipulación. Los datos de su sistema educativo muestran que los estudiantes finlandeses son, según los índices del Reuters Institute, de los más resistentes a la desinformación en Europa. No es una coincidencia: la educación digital importa, aunque no siempre vaya en la dirección correcta.
Los jóvenes que crecieron con internet tienen, paradójicamente, una relación más compleja con la verdad en línea de lo que se suele asumir. No son inmunes a la desinformación por haber nacido con un smartphone en la mano. Como ya analizamos cuando los nativos digitales llegaron a la edad adulta, la familiaridad con la tecnología no equivale a saber navegar sus sesgos.
¿Llegará un momento en que no podamos confiar en ningún resultado electoral?
La pregunta no es retórica ni catastrofista. Varios expertos en seguridad electoral, entre ellos miembros del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Stanford, advierten de que el mayor riesgo a medio plazo no es que se manipulen las máquinas de votación, sino que se manipule la percepción de que eso ha ocurrido. Fabricar evidencia de fraude es más fácil, más barato y más difícil de desmentir que perpetrar el fraude real.
Eso ya ocurrió el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos. No hubo evidencia verificable de fraude masivo en las elecciones presidenciales de 2020, algo que confirmaron más de 60 tribunales y la propia Agencia de Ciberseguridad (CISA), dirigida en aquel momento por un funcionario nombrado por el propio Trump. Pero la percepción de fraude, amplificada por redes sociales y canales de televisión afines, fue suficiente para movilizar a miles de personas hacia el Capitolio.
La tecnología en relación con las elecciones y la democracia no va a resolver por sí sola el problema que en parte ha creado. La regulación, la educación y la exigencia ciudadana siguen siendo las respuestas más lentas pero también las más duraderas. Y mientras tanto, cada ciclo electoral es un test en tiempo real de hasta dónde hemos llegado y de lo que todavía no sabemos gestionar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el microtargeting político y cómo afecta a los votantes?
El microtargeting político es la práctica de enviar mensajes electorales personalizados a grupos muy específicos de votantes, usando datos como su comportamiento en redes sociales, ubicación o historial de consumo. Afecta a los votantes porque cada persona puede recibir una versión diferente de la campaña, lo que dificulta el debate público común y puede amplificar sesgos existentes.
¿Es seguro el voto electrónico?
Depende del sistema concreto y de cómo esté implementado. El voto por internet tiene riesgos reales de ciberseguridad que los expertos siguen debatiendo. Estonia lo usa desde 2005 con resultados estables, pero la mayoría de los países con elecciones electrónicas han optado por sistemas de urna digital con papel de respaldo, considerados más auditables y resistentes a manipulación externa.
¿Cómo puedo saber si un vídeo o audio político ha sido manipulado con IA?
No hay un método infalible accesible al público general, pero existen indicios útiles: movimientos faciales poco naturales, desincronización entre el audio y los labios, o una calidad de imagen artificialmente uniforme. Herramientas como Sensity AI o los detectores de deepfakes de Microsoft pueden ayudar, aunque su fiabilidad varía y ninguna ofrece resultados definitivos en todos los casos.
¿Es ilegal usar inteligencia artificial en campañas electorales?
En la mayoría de países no existe todavía una ley específica que prohíba el uso de IA en campañas electorales. Algunas plataformas como Google o Meta exigen declarar cuando un anuncio político ha sido creado con IA generativa. La Unión Europea trabaja en regulaciones dentro del marco del Reglamento de IA, pero su aplicación al contexto electoral sigue siendo imprecisa.
¿Qué países tienen mejor regulación de la tecnología en elecciones?
La Unión Europea es el bloque con el marco regulatorio más avanzado, gracias al Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y al Reglamento de IA. A nivel de país, Finlandia y Alemania destacan por combinar regulación con programas de alfabetización mediática. Estados Unidos, pese a ser el origen de muchas de estas prácticas, carece de legislación federal específica sobre publicidad política digital.
